“Estamos a un paso de hacerle justicia social e integración real a la comunidad sorda”.

Así reaccionó el licenciado José Juan Troche Villeneuve al informar que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron una medida que crearía la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 1486, de la autoría del senador Juan Dalmau, fue aprobado por unanimidad en ambos cuerpos legislativos y el jueves salió rumbo a Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez.

“¡Esto es proyecto histórico! Si la gobernadora lo firma, entonces sí sería un un evento histórico de verdad”, exclamó Troche Villeneuve.

“Sería la primera vez que existiría en Puerto Rico una oficina para atender las necesidades de la comunidad sorda, que está en la queja constante y genuina por el discrimen institucional y por asuntos que rayan en la violación a sus derechos humanos”, agregó.

Troche Villeneuve colabora con el proyecto “Sal por los Sordos”, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

Explicó que múltiples agencias del gobierno incumplen desde 1996 con la Ley 136, que dispone que todas las dependencias gubernamentales tienen que proveer recursos para la población sorda, especialmente intérprete del lenguaje de señas.

“Algunas lo tienen, pero la mayoría no proveen estos servicios, por un problema de ignorancia jurídica y que cuando se hizo la agencia no estaba contemplada en su ley ni en su presupuesto lo que necesitan para la atención al sordo”, explicó Troche Villeneuve.

“Todo esto se resulta en un discrimen institucionalizado”,

Señaló que la raíz del problema está “en la falta de una política pública que disponga de estos servicios”.



En ese sentido, señaló, la nueva oficina serviría de “recomendaría política pública y serviría de enlace entre las agencias y la comunidad sorda”.

“Prepararía y daría talleres sobre la cultura sorda en las agencias. También serviría de enlace con los sordos para cuando vayan a buscar servicios”, agregó.

Entre otros ejemplos, Troche Villeneuve indicó que promovería que se enmienden profesiones a través de educación continua sobre el lenguaje de señas o, al menos, sobre la cultura sorda, para áreas de servicios, como en el Departamento de Salud.

La nueva oficina, además, pretende ayudar con gestoría de servicios en las agencias de gobierno.

“Ahora mismo, cuando un sordo va a sacar un certificado de nacimiento en el Registro Demográfico, el proceso se convierte en una odisea porque allí no hay intérpretes”, comentó.

“También ayudará en la orientación para los sordos en asuntos como gestiones de Hacienda, legislaciones, moratorias, campañas para la temporada de huracanes, la mochila de emergencia por los terremotos… Es una nueva visión de entendimiento e integración”, manifestó.

De igual forma, la oficina proveería orientación a los padres que de niños sordos que desconocen las atenciones y acomodos que necesita y a los que tienen derechos sus hijos. También proveería guías para que los familiares de personas sordas aprendan el lenguaje de señas.

Según el proyecto, la oficina estaría adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), pero con operación autónoma y económicamente independiente.

Troche Villeneuve dijo que no debe tener objeciones de índole fiscal de parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) porque el servicio resultaría en que más sordos puedan integrarse a la fuerza laboral y economía del país.

“Sí requiere algo de fondos, pero no tengo duda de que la Junta va a entender las necesidad de esta población y que este es un proyecto, dentro del mismo presupuesto, que que sí tendrá un impacto en 200,000 puertorriqueños a los que esta oficina empezaría a servir”, expresó.

Mientras, el senador Juan Dalmau señaló que no debe haber problemas, ya que la medida establece un mecanismo de transición con el DPI e identifica el presupuesto que necesita para operar.

“Nada impide que puedan asignar los fondos, dando la prioridad que tienen estos ciudadanos”, acotó Dalmau.

Mientras, el senador resaltó que como parte del proceso para aprobar la medida compareció el procurador del DPI y se mostró a favor de la medida, por lo que puede entender que la rama ejecutiva está de acuerdo con el proyecto de ley.

Recordó que en este cuatrienio también fueron convertidos en ley los proyectos que sometió a favor de la comunidad sorda para en toda intervención de parte de las autoridades, ya sea de índole criminal o administrativo, y para la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas públicas.

Por su parte, Troche Villeneuve resaltó que la votación unánime en los dos cuerpos legislativos es un indicio de que se reconoce el carácter de “justicia social” que conlleva el servicio que propone la medida.

“Si se firma este proyecto, se estaría haciendo un regalo de justicia social y respeto a los derechos humanos de la comunidad sorda. Se crearía finalmente la política pública para el acceso y respeto a la cultura sorda”, expuso Troche Villeneuve.

“La sordera no es una enfermedad, sino que solo requiere de un acomodo razonable y el entendimiento y el respeto a la cultura sorda. Ese niño que nace sordo tiene la capacidad para hacer todo lo que se proponga, para desarrollarse en todos los ámbitos profesionales y sociales”, afirmó. “Solo necesita que se respete su sordera”.





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