Boris Johnson parece más interesado en ganarse a la opinión pública británica que en aplacar la ira de Bruselas. El primer ministro ha ofrecido una rama de olivo a los 20 diputados conservadores que se negaron a respaldar la Ley del Mercado Interno del Reino Unido, que viola unilateralmente aspectos clave del Acuerdo de Retirada firmado con la UE. Pero lo que a primera vista resultaría una suavización del texto y una concesión en respuesta a las fuertes críticas desatadas en su propio partido no convence a las instituciones comunitarias.

Downing Street publicó un comunicado oficial a última hora del miércoles en el que aceptaba la enmienda propuesta por dos de los principales detractores del texto legal. Su solución intermedia traslada al Parlamento la decisión última de ejecutar las nuevas medidas aprobadas. Según el proyecto de ley, quedaba en manos de los ministros la decisión de exigir declaración de aduanas a los bienes enviados desde Irlanda del Norte al resto del Reino Unido. Asimismo, también sería decisión suya informar o no a Bruselas sobre cualquier subvención pública (ayudas de Estado) que recibiera una empresa radicada en territorio norirlandés. Bajo lo dispuesto en el Protocolo de Irlanda del Norte, un documento anexo al acuerdo de retirada -y por tanto con la misma fuerza legal-, esta región británica quedará sometida al Mercado Interior de la UE a partir del 31 de diciembre, cuando termina el periodo de transición y se ejecuta el Brexit, se haya acordado una nueva relación comercial entre los dos bloques o finalmente se produzca un Brexit duro. Ambas decisiones alteran el escenario acordado por Londres y Bruselas, que establecieron que el territorio norirlandés seguiría dentro del mercado de la UE y se sometería a sus reglas del juego. Bruselas insiste en que el protocolo firmado es ya ley internacional, y las nuevas disposiciones impulsadas por Johnson entran en abierta contradicción con lo que establece.

Downing Street cree que, aceptando la propuesta de estos dos diputados, Bob Neil y Damian Green, la nueva ley pasa a ser más “un colchón de seguridad” que una ruptura efectiva de los compromisos internacionales del Reino Unido. “Se ha acordado que este procedimiento parlamentario sugerido por dos colegas supone un mandato democrático más claro y explícito para usar los nuevos poderes, además de aportar mayor certidumbre legal”, asegura el comunicado de la oficina del primer ministro.

Fuentes comunitarias aseguran, sin embargo, que nada ha cambiado. A Bruselas le resulta irrelevante que la nueva ley llegue a ser aplicada directamente por el Gobierno británico o por el Parlamento. Sigue considerándola una quiebra de las obligaciones internacionales, y mantiene la exigencia, a modo de ultimátum, expresada a Londres esta semana: los artículos conflictivos del documento deben retirarse antes de finales de septiembre o se responderá con medidas legales.

Johnson persigue aplacar la rebelión interna mientras sostiene, e incluso eleva en el tono, su duelo con Bruselas. “No creo que la UE esté negociando de buena fe”, ha llegado a afirmar el primer ministro en su comparecencia ante la comisión parlamentaria especial que reúne a los presidentes de las distintas comisiones sectoriales de la Cámara de los Comunes. La maniobra tiene más de nueva estratagema política que de solución jurídica al enredo, como ha demostrado el hecho de que este mismo miércoles renunciara a su puesto, como protesta por la quiebra de la legalidad llevada a cabo, el abogado general de Escocia, Richard Keen. Es el segundo asesor jurídico de alto rango que abandona el barco después de que la semana pasada lo hiciera por el mismo motivo Jonathan Jones, el jefe del Departamento Legal del Gobierno. En el comunicado de su renuncia, Keen admite que Johnson se enfrenta a muchos desafíos, pero advierte de que el nuevo proyecto de ley que burla el acuerdo del Brexit “no pondrá las cosas mucho más fáciles”.

El principal negociador de Bruselas, Michel Barnier, asegura sin embargo que seguirán adelante las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo en materia comercial entre el Reino Unido y la UE a pesar del desafío legal de Johnson. Los negociadores comunitarios se han impuesto como norma fundamental en este pulso evitar a toda costa ser vistos como los que tiran la toalla y se levantan de la mesa. Bruselas ya cuenta con la posibilidad cada vez menos remota de que el próximo 31 de diciembre se produzca finalmente un Brexit a las bravas, pero sabe que este desenlace no es beneficioso para ninguna de las partes. Y que, tarde o temprano, las dos partes deberán recomponer los platos rotos y volver a sentarse a negociar una relación comercial futura imprescindible entre dos bloques que mantienen relaciones comerciales y económicas tan intensas.



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