El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia la extensión de la cuarentena, el 17 de julio pasado.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia la extensión de la cuarentena, el 17 de julio pasado.ESTEBAN COLLAZO / AFP

La larguísima negociación entre Argentina y sus acreedores privados llega a un momento crítico. Los tres grandes grupos de bonistas rechazaron de forma conjunta, el lunes, la última y supuestamente definitiva oferta del Gobierno de Buenos Aires. Y presentaron una propuesta alternativa que, según ellos, “representa importantes concesiones económicas y legales”. Por primera vez desde el inicio del proceso, en febrero, los principales tenedores de bonos en dólares forman un bloque. El ministro de Economía, Martín Guzmán, respondió que los acreedores no entendían “las restricciones que enfrenta la Argentina”.

En estas negociaciones está en juego la reestructuración de 65.000 millones de dólares, dentro de una deuda global que ronda los 320.000 millones de dólares y supone el 90% del Producto Interior Bruto argentino. El desenlace resulta crucial porque un acuerdo permitiría a Argentina acceder a los mercados internacionales de crédito; si el país permaneciera en el default (suspensión de pagos) en que incurre desde el 22 de mayo, no tendría muchas más opciones que seguir financiándose mediante la impresión de billetes. Las dos imprentas de moneda argentinas trabajan actualmente 24 horas al día pero su producción resulta insuficiente. El Gobierno ha ofrecido contratos a otros países para que ayuden a fabricar pesos.

Horas antes de que los tres grandes grupos de acreedores (Ad Hoc, Comité y Exchange) dijeran que la última oferta no era aceptable, el diario Financial Times publicó una entrevista con Alberto Fernández en la que el presidente argentino afirmaba que no podía realizar más concesiones. “Pondríamos en peligro nuestra capacidad de cumplir el compromiso, y yo no quiero estafar a nadie”, dijo.

En términos parecidos se expresó el ministro Martín Guzmán después de que se publicara la propuesta de los bonistas. Dijo que la oferta que presentó a principios de mes suponía “nuestro máximo esfuerzo”, y explicó que no podía hacer nuevas concesiones. “Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores”.

Ad Hoc, Comité y Exchange poseen algo más de un tercio de la deuda en negociación. Un “no” por su parte impediría cualquier tipo de acuerdo con otros acreedores individuales, ya que hace falta disponer del consentimiento de un 75% o de un 66% de los bonistas (dependiendo del tipo de emisión) para que la reestructuración sea válida. Los tres comités aceptan los plazos y condiciones que propone el Gobierno, pero exigen que el bono extraordinario con el que se compensaría parcialmente su pérdida de ganancias rinda como promedio un 3,4% anual, más de lo que están dispuestos a aceptar Alberto Fernández y su ministro Guzmán. A cambio, los comités ceden en las condiciones del contrato y aceptan para los hipotéticos bonos que sustituirían a los actuales las que rigen sobre la deuda argentina posterior a 2016, en lugar de las condiciones más estrictas de 2015 (aplicadas a los bonos del default de 2001 y ya reestructurados al menos una vez).

El Gobierno argentino, y en especial su ministro de Economía, quedan en una posición delicada. El ministro Guzmán creía haber conseguido un acuerdo parcial con uno de los grupos, Comité, pero se encuentra ahora con un frente unido. Para el presidente Fernández y para Guzmán, ceder por enésima vez, después de haber asegurado que no había ya ningún margen para hacerlo, supondría un alto coste político. Cuando presentó su propuesta “definitiva”, el Gobierno fijó como límite de las negociaciones el 4 de agosto próximo.



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