Organizaciones ambientales, cívicas y académicas aprovecharon hasta el último momento para reiterar su rechazo al borrador del Reglamento Conjunto 2020 por entender, entre otras cosas, que cambia la calificación o usos de suelo permitidos en casi todo Puerto Rico y no considera los efectos del cambio climático.

Insistieron, además, en que la Junta de Planificación (JP) no facilitó la participación ciudadana en la evaluación del voluminoso documento (957 páginas repartidas en 12 tomos), cuyo nombre oficial es Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios 2020. El documento rige la planificación en el país.

La Sección Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Para la Naturaleza, el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, la Liga de Ciudades de Puerto Rico y Arrecifes Pro Ciudad fueron algunas de las entidades que sometieron, el pasado 9 de octubre, sus comentarios a la JP, que ahora está en proceso de analizarlos. El 9 de octubre era el último día para expresarse sobre el borrador.

“Con estos últimos comentarios, se cristalizó cuál es la petición básica: retirar el Reglamento Conjunto 2020”, dijo a El Nuevo Día el abogado ambiental Pedro Saadé.

En su escrito de 35 páginas, la Sección Ambiental de la Clínica advirtió que el borrador “encierra cambios de gran envergadura respecto a los usos en áreas naturales y agrícolas”, y que dichas alteraciones no se acompañan de un mapa de calificaciones que permita “apreciar y aquilatar” los nuevos distritos.

Con estos últimos comentarios, se cristalizó cuál es la petición básica: retirar el Reglamento Conjunto 2020

Pedro Saadé, abogado ambiental

Sobre ese particular, la Liga de Ciudades abundó que, al alterar la calificación del suelo, el documento “aumenta densidades”, “permite que en reservas agrícolas y áreas calificadas se siembren placas solares” y “cambia usos en áreas urbanas y rurales sin análisis de consecuencias e impactos”. La Liga planteó, además, que, si se aprueba como está redactado, el reglamento implicaría la derogación de “todos” los planes de ordenación territorial.

El Reglamento Conjunto 2020 representa una oportunidad perdida para desarrollar un reglamento mediante un proceso participativo, incorporando mejores prácticas de planificación y manejo, con una metodología documentado y en cumplimiento con los objetivos del PUT (Plan de Uso de Terrenos)”, dijo en su escrito la directora ejecutiva fundadora de la Liga, Cristina Miranda Palacios.

Por otro lado, Para la Naturaleza –en un escrito firmado por su presidente, Fernando Lloveras– fundamentó su oposición al reglamento en su impacto sobre reservas naturales y sus planes especiales.

Según la entidad, el documento “cambia las calificaciones” en el Plan de Uso de Terrenos del Área de Planificación Especial de Piñones, el Plan de Conservación de Áreas Sensitivas para Adjuntas y Municipios Aledaños, y la Zonificación Especial para las Zonas no Urbanas de los Municipios Circundantes al Bosque Nacional del Caribe (El Yunque). Además, “ignora” el Plan Sectorial de la Reserva Natural del Cañón San Cristóbal.

“La inclusión o exclusión de ciertos planes territoriales y planes especiales resulta arbitraria. El aviso público no cita planes que deroga o impacta. Tampoco indica cuáles son los mapas, distritos o planes especiales que se mantienen vigentes”, expuso Lloveras.

Siguiendo una línea similar, el Consejo de Cambios Climáticos advirtió que el propuesto reglamento permite la aprobación de consultas de ubicación (proyectos) en reservas naturales, agrícolas y áreas de planificación especial.

“Permitir usos no ministeriales por vía de consultas de ubicación conllevaría reducir la disponibilidad de suelos de valor agrícola en momentos en que se hace evidente la necesidad vital de fomentar la seguridad alimentaria en Puerto Rico, ante los impactos y reducción en la producción agrícola de otros países debido al cambio climático”, manifestó en su escrito el coordinador del Consejo, Ernesto Díaz.

El Consejo ratificó su preocupación ante la “subestimación” –en el reglamento– de los “diversos, serios y evidentes impactos actuales y potenciales” del cambio climático.

Para Saadé, más allá de sus potenciales impactos, el Reglamento Conjunto 2020 “tiene un problema de nulidad legal desde la salida”, ya que la JP presuntamente no informó sobre la amplitud de su alcance.

“Cuando ves los requisitos de ley para que se apruebe un reglamento como este, tienes que avisar de qué se trata y permitir la participación. Pero el aviso público no dice que estás enmendando la zonificación de casi todo el país, ni dice que estás enmendando planes de ordenamiento territorial. Una extensión de tiempo (para permitir comentarios), del tiempo que sea, no va a curar ese defecto. El remedio debe ser comenzar de nuevo y dar un aviso adecuado, junto con tiempo suficiente de participación”, aseveró el abogado.

La presidenta de la JP, María Gordillo, indicó que los oficiales examinadores de las vistas públicas en las que se presentó el reglamento “se encuentran finiquitando los informes” que serán presentados a la agencia para el debido análisis. “Una vez finalizada la evaluación y el análisis, la agencia podrá tener un documento final para continuar con el trámite correspondiente que eventualmente dará paso a la adopción y aprobación del mismo”, dijo.



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