Son pocos los cambios en las jefaturas de las agencias y corporaciones públicas ambientales y de infraestructura que, hasta ahora, ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi, lo que, según líderes de entidades que atienden estos temas, supone una prolongación de las políticas de la pasada administración, que no se caracterizó por la defensa de los recursos naturales y la buena planificación.

A poco más de un mes de que Pierluisi anunciara sus primeros nombramientos al gabinete, solo se sabe de un cambio de mando en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde Eileen Vélez sustituyó a Carlos Contreras.

Rafael Machargo permanecerá como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y Joel Pizá como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos. La intención de Pierluisi era que Rosana Aguilar siguiera como directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación –y así lo informó–, pero esta renunció.

Al cierre de esta edición, se desconocía quién sustituirá a Aguilar. Tampoco se sabía si Pierluisi dejará a María Gordillo como presidenta de la Junta de Planificación (JP), ni si recomendará nuevos jefes para las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA), donde dirigen, respectivamente, Efran Paredes y Doriel Pagán.

Históricamente, los gobernadores designan jefes para la AEE y la AAA, pese a que ambas se rigen por juntas directivas. En el caso de Paredes, la Junta de Gobierno de la AEE lo nombró en propiedad apenas el pasado 4 de diciembre. Entonces, el presidente de la Junta, Ralph Kreil, aseguró que tanto la exgobernadora Wanda Vázquez como Pierluisi “respetaron la independencia de criterio” del ente rector, pero el hoy mandatario no se ha pronunciado al respecto.

Por escrito, Pierluisi indicó a El Nuevo Día: “Continúo haciendo evaluaciones en todos los puestos que aún faltan por nombrar. Ya sea para designar nuevos candidatos o para anunciar los que permanezcan, lo informaré públicamente”.

“Más de lo mismo”

Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración y portavoz de la Alianza Energía Renovable Ahora; Yanina Moreno, portavoz del Campamento contra las cenizas en Peñuelas, y la abogada ambiental Ruth Santiago tildaron de “preocupante” la permanencia de Machargo en el DRNA.

Conty recordó que, el día antes de las elecciones generales, Machargo firmó una orden ejecutiva que amplió la lista de exclusiones categóricas o actividades que no requieren escrutinio ambiental. El secretario admitió, hace tres semanas, que la orden tiene “lenguaje que puede prestarse a confusión”, por lo que la enmendaría. Para Conty, la intención inicial de Machargo era “abrirles camino a proyectos nefastos para el ambiente”.

Moreno resaltó, por su parte, que el DRNA presentó el borrador del reglamento para el manejo de cenizas de carbón con siete meses de retraso y lo llevó a vistas públicas dos días después de las elecciones, lo que limitó la participación ciudadana. “Al principio, vimos una actitud de diálogo en el secretario frente a nuestras preocupaciones con el reglamento, pero ahora vemos que, dos meses después, no ha pasado nada y el proceso sigue retrasándose”, dijo.

Entretanto, Santiago expresó: “El secretario permitió la deforestación y destrucción de árboles en distintos lugares de Puerto Rico. No intervino para protegerlos”. La abogada se refirió al plan del DRNA y el Departamento de Recreación y Deportes para cortar y podar miles de árboles presuntamente enfermos o que representan un peligro tras el impacto de los huracanes Irma y María, en 2017.

Por otro lado, Santiago y el arquitecto y planificador urbano Pedro Cardona reclamaron un cambio de mando en la JP, pues la agencia, bajo la dirección de Gordillo, eliminó siete reservas naturales y aprobó el Reglamento Conjunto de Permisos 2020. La eliminación de las reservas fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo, mientras que el Reglamento Conjunto fue avalado pese a la oposición de múltiples sectores.

“En la trayectoria de la pasada Junta, hay que decir que no hizo la planificación que se suponía que hiciera ni la actualización de los planes conforme al Plan de Uso de Terrenos. En cambio, presentó, posiblemente, una de las peores versiones del Reglamento Conjunto, levantando controversias y pleitos legales sin precedentes. Además, presentó el mapa de calificación, que no era algo que estuviera encomendado y que se notó que fue algo encargado”, expuso Cardona.

Para Amy Orta, coordinadora de Política Pública Ambiental de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, independientemente de los jefes que Pierluisi nombre a las agencias y corporaciones públicas ambientales y de infraestructura, “al final, es más de lo mismo”, pues el partido que gobierna no cambió.

“Lo otro que tenemos que ver es el contexto de Pierluisi, específicamente como cabildero de la carbonera AES. Si tomamos solo ese ejemplo para la parte ambiental, debemos esperar que nombre a personas cuyo norte sea la privatización y no necesariamente la protección del medio ambiente”, dijo.

Los entrevistados coincidieron en que los nominados deben ser elegidos por consenso y, preferiblemente, salir del sector ambiental o la academia.



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