El presidente de EE UU, Donald Trump, ha dejado claro que se dispone a iniciar el proceso para tratar de cubrir, antes de las elecciones del 3 de noviembre, la vacante que deja en el Tribunal Supremo la juez Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes a los 87 años. El sábado por la mañana, Trump ha ordenado que las banderas en la Casa Blanca y el resto de edificios oficiales ondearan a media asta. A continuación, despejando cualquier duda, ha urgido a los senadores republicanos a tomar en consideración “sin demora” su nominación para ocupar la vacante en el Supremo. “Nos pusieron en esta posición de poder e importancia para tomar decisiones por el pueblo que orgullosamente nos eligió, la más importante de las cuales se ha considerado desde hace mucho la selección de jueces del Tribunal Supremo. ¡Tenemos esta obligación, sin demora!”, ha tuiteado.

El presidente, que el viernes por la noche había difundido un comunicado oficial en términos de respeto y duelo por la magistrada, sin mencionar la situación política que se ha creado, se alinea así con las intenciones expresadas esa misma noche por Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado: “Los estadounidenses reeligieron nuestra mayoría [en el Senado] en 2016 y la ampliaron en 2018 porque prometimos trabajar con el presidente Trump y apoyar su programa, particularmente sus extraordinarios nombramientos de jueces federales. Una vez más, mantendremos nuestra promesa. El nominado del presidente Trump será votado en el Senado”, dijo, apenas una hora después de conocerse la muerte de una auténtica leyenda de la justicia estadounidense e icono de la izquierda.

Con estas dos declaraciones, queda lanzada una batalla política de alto voltaje que definirá el resto de la campaña electoral. A la mente de todos saltó el recuerdo de lo sucedido en 2016. En febrero de ese año, murió el conservador Antonin Scalia, y el presidente Barack Obama propuso a un magistrado progresista moderado, Merrick Garland. Los republicanos tenían mayoría simple en el Senado, por lo que controlaban los procedimientos, y McConnell, decidió bloquear el nombramiento. El argumento fue que era año electoral y que debía ser el próximo presidente el que hiciera la propuesta. “La gente tiene que tener voz” en el proceso, argumentó McConnell ante el estupor de la Casa Blanca, los demócratas y la judicatura. La contradicción con sus declaraciones del viernes es palmaria.

“No hay duda de que los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que el Senado lo tome en consideración”, dijo el viernes por la noche Joe Biden. “Esa es la postura que el Senado republicano tomó en 2016, cuando quedaban 10 meses para las elecciones, y es la que debe tomar ahora”. Biden incluso tuiteó la frase exacta de McConnell de hace cuatro años.

Desde entonces, la polarización alrededor de los nombramientos del Supremo no ha hecho más que aumentar. Trump, el presidente más impopular en décadas, ha nombrado ya dos magistrados. La posibilidad de que nombre un tercero es una perspectiva inasumible para los demócratas. Si la vacante de Ginsburg se cubriera con otro juez conservador, quedaría cimentada una mayoría conservadora de seis a tres en la más alta instancia judicial del país. Los nombramientos son vitalicios. Dicha mayoría permitiría a los conservadores ganar los casos incluso cuando uno de sus jueces decidiera votar con los progresistas. Ese tribunal, temen los demócratas, bloquearía durante un par de generaciones avances progresistas, o incluso revertiría asuntos como el derecho al aborto.

Una batalla por la confirmación del candidato propuesto por Trump en el Senado, en paralelo a la campaña electoral, arrojaría al centro del debate político una serie de temas explosivos, desde el aborto hasta la libertad religiosa, pasando por la regulación de la inmigración o la protección del medio ambiente, asuntos todos que están sobre la mesa del Supremo. Trastocaría por completo, llenándola de sustancia política de alto voltaje, una campaña que los dos candidatos han tratado de ceñir, con notable éxito, a sendos temas fetiches: la nefasta gestión de Trump de la pandemia, en el caso del demócrata Joe Biden, y el mensaje de ley y orden, en el caso del presidente y candidato republicano.

Pero ya antes de la muerte de Ginsburg, el propio Trump había dejado clara su voluntad de introducir el tema de la judicatura en la recta final de la campaña. Hace apenas 10 días repitió la insólita jugada, que tan bien le funcionó hace cuatro años, de publicar una lista de potenciales candidatos a ocupar vacantes del Supremo, en un guiño a ese electorado conservador que no conecta con las formas extravagantes de Trump, pero está dispuesto a tolerarlas si el fin es una judicatura blindada a la agenda social progresista.

Días antes de su muerte, según informó la radio pública NPR, Ginsburg dictó una declaración a su nieta Clara Spera, que decía así: “Mi deseo más ferviente es no ser sustituida hasta que un nuevo presidente asuma el poder”.

No está claro si los republicanos podrían nombrar al sustituto de Ginsburg antes de las elecciones. Los procedimientos en el Senado llevan su tiempo y lo normal es que una confirmación de este tipo lleve de dos a tres meses. Hacerlo a todo correr añadiría aún más tensión. Además, aunque Biden ganara la presidencia y los demócratas ganaran la mayoría en el Senado, Trump sigue siendo presidente hasta el 20 de enero al mediodía y los senadores republicanos siguen en sus escaños hasta finales de diciembre, por lo que podrían hacerlo también en el periodo interino.

En la práctica, con las leyes y reglamentos en la mano, los demócratas tendrían muy difícil oponerse a esa confirmación. Pero se abren varias opciones. Primero, que haya al menos cuatro senadores republicanos que anuncien que no confirmarían al candidato de Trump, con lo que McConnell no tendría mayoría. Hay al menos declaraciones de cuatro de ellos prometiendo que no lo harían y que aplicarían los mismos criterios a un presidente republicano que a Obama. El más importante, Lindsey Graham, que es el presidente del Comité de Justicia, el que debe realizar la confirmación del magistrado. Graham, además, se presenta a la reelección el 3 de noviembre en Carolina del Sur. Hay 23 senadores republicanos (McConnell incluido), cuyas decisiones en este asunto están marcadas por sus posibilidades de reelección, no solo por lo que digan Trump y McConnell. Graham indicó el sábado que está dispuesto a votar la elección y a sobrevivir políticamente a una contradicción muy difícil de explicar.

La senadora Susan Collins, de Maine, fue la primera en oponerse a la confirmación. En un comunicado, la republicana moderada dijo que el presidente Trump tiene todo el derecho a hacer su propuesta y el Senado a considerarla, pero que no debería haber votación y que la designación la debe hacer el presidente que salga de las urnas. “Dada la cercanía de las elecciones, creo que el Senado no debería votar al nominado antes de la elección. Lo justo para los americanos, que van a reelegir al presidente Trump o bien van a elegir a otro, es que la decisión de un nombramiento vitalicio para el Tribunal Supremo lo haga el presidente elegido el 3 de noviembre”. Es la primera baja en las filas de McConnell. Harán falta tres más para parar este proceso.

Otro factor a tener en cuenta es que la candidata a vicepresidenta de los demócratas, la senadora Kamala Harris, también se sienta en el Comité de Justicia. Un proceso de confirmación daría a Harris la oportunidad de despedazar en público al candidato a magistrado, como hizo con el juez Kavanaugh. Aquella actuación fue decisiva en elevar su perfil entre el gran público para poder lanzar su candidatura a presidenta y convertirla en una de las figuras demócratas más conocidas de EE UU.

Los demócratas hacían circular desde el viernes otra posibilidad, también en clave electoral. Consistiría en prometer que, si ganan la Casa Blanca y la mayoría en el Senado el 3 de noviembre, ampliarán el número de magistrados del Supremo. La cifra de nueve jueces no está escrita en la Constitución, sino en una ley. Ha ido variando entre 6 y 10. De esa forma, garantizarían contrarrestar los tres nombramientos de Trump. El cálculo, aparte de las consecuencias prácticas, es que sería un importante reclamo electoral para movilizar el voto, igual que la vacante de 2016 fue fundamental para llevar a las urnas a los republicanos que detestaban a Trump.

La muerte de Ginsburg subraya todo lo que está en juego en estas elecciones. A Trump le brinda una oportunidad de alejar el foco de su gestión de la crisis sanitaria y de recordar a los votantes conservadores, sobre todo a aquellos que comulgan más con las formas serenas de Biden que con la estridencia de las suyas, por qué importa que haya un republicano en la Casa Blanca. A Biden, por su parte, le ofrece un argumento para movilizar al electorado joven y de izquierdas, aquel que muestra menos entusiasmo con su candidatura, recordándole también por qué es diferente que mande un republicano o un demócrata. Se va una figura fundamental en la historia reciente de Estados Unidos. Y el vacío que deja dispara aún más de revoluciones la campaña electoral más frenética en décadas.

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